VISTO:
La Ley No 23.313 sancionada el 17 de abril de 1986 y promulgada el 6 de mayo de 1986 que le dio aprobación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que recepta la garantía del plazo razonable en su artículo 14.3c, incorporado luego a la Constitución Nacional en virtud del art. 75 inc. 22,
Y CONSIDERANDO:
Que el pueblo de la Nación viene sufriendo un creciente estado de inseguridad en los últimos años como consecuencia del flagelo ocasionado por el crimen organizado y el narcotráfico.
Que parte importante de ese crecimiento ha tenido y tiene por causa una ineficiente respuesta policial en la prevención y la represión del delito, así como una notoria ineficacia en razón de importantes demoras en los procesos formados para su juzgamiento.